COP-MTSS-PRE-26-2025
· El nuevo protocolo establece mecanismos concretos para facilitar la migración laboral entre ambos países.
· Con esta alianza bilateral, ambos países impulsan rutas migratorias seguras y reguladas, activan sus sistemas públicos de empleo y sientan las bases para una migración laboral más ordenada, justa y trazable.
23 de mayo de 2025. San José, Costa Rica. En un paso decisivo hacia el fortalecimiento de la gobernanza migratoria regional, los gobiernos de Costa Rica y Guatemala suscribieron un Protocolo de actuación sobre flujos migratorios con fines laborales, un instrumento bilateral que establece los lineamientos técnicos y operativos para regular de manera ordenada, segura y justa la migración laboral entre ambas naciones.
Este protocolo ha sido liderado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Costa Rica y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, en coordinación con las Direcciones de Migración y Extranjería de ambos países. Su objetivo principal es garantizar que los procesos migratorios laborales se desarrollen con pleno respeto a los derechos de las personas trabajadoras migrantes, al tiempo que se otorga seguridad jurídica a los empleadores y se fomenta una migración ordenada y regulada.
El documento establece un marco normativo y operativo que permite la implementación de programas de migración laboral entre ambos países.
Para ello, define de forma clara los roles de las instituciones involucradas, así como los procesos y plazos necesarios para su ejecución. Entre sus principales componentes se incluye la coordinación interinstitucional que facilite la emigración de fuerza laboral hacia sectores productivos estratégicos en ambos países. Asimismo, se prevé la activación de los sistemas públicos de empleo para enlazar de forma efectiva la oferta laboral del país de origen con la demanda del país de destino, utilizando herramientas como el portal costarricense www.brete.cr.
El protocolo también contempla mecanismos para garantizar el respeto de los derechos laborales y la contratación justa de las personas migrantes, y promueve rutas migratorias formales y trazables que refuercen la protección de los trabajadores y permitan su seguimiento durante el tiempo que permanezcan en el país receptor.
Esta firma se enmarca en el acuerdo relativo al mecanismo de coordinación para flujos migratorios con fines de empleo y ocupación suscrito por ambas naciones, y da continuidad a los acuerdos alcanzados durante una reunión bilateral celebrada en La Antigua, Guatemala, los días 21 y 22 de mayo de 2024, con el respaldo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En dicho encuentro se compartieron experiencias, se identificaron buenas prácticas y se construyeron los lineamientos fundamentales de esta iniciativa pionera en Centroamérica.
"Con este protocolo, Costa Rica y Guatemala envían un mensaje contundente: la migración laboral es un fenómeno regional que debe abordarse desde la corresponsabilidad y la cooperación. No se trata de una tarea individual, sino de un compromiso conjunto para generar oportunidades dignas, seguras y reguladas", destacó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero.
Este acuerdo representa uno de los pocos esfuerzos en la región firmados directamente entre autoridades rectoras en materia laboral, y está alineado con los compromisos asumidos en espacios regionales como el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) y la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), donde Costa Rica y Guatemala participan activamente en grupos especializados en empleabilidad.
Gracias a esta articulación, Costa Rica podrá identificar con mayor precisión las necesidades de fuerza laboral en sectores clave de su economía y canalizar procesos migratorios dirigidos a perfiles definidos, con trazabilidad y en cumplimiento de la legislación nacional e internacional vigente.
Esta iniciativa no solo fortalece la protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes, sino que también permite responder de manera más eficiente a las necesidades del mercado laboral, impulsando así el desarrollo económico y social de ambas naciones. La implementación de este modelo representa un paso concreto hacia una migración más segura, ordenada y regular en la región.